NÚCLEO TEMÁTICO V: FILOSOFÍA POLÍTICA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA
Esquema:
1) La constitución filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica.
2) Origen y legitimidad del poder político.
3) Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho.
4) Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y los derechos humanos.
5) Límites del Estado.
6) Democracia mediática y ciudadanía global.
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1) La constitución filosófica de la ciudadanía: génesis histórica y fundamentación filosófica.
Uno de los conceptos más importantes desarrollado en los últimos siglos es la noción de “ciudadanía”. Se trata de un concepto ético-político (es decir, perteneciente a la razón práctica), que presenta a los seres humanos como sujetos que participan en igualdad de derechos y deberes como miembros de la sociedad en la que conviven. En lugar de dejarse tratar como siervos o como súbditos de las autoridades, quienes se ven a sí mismos como ciudadanos exigen ser tratados con el máximo respeto y consideración, conforme a leyes que rigen para todos por igual. Ser tratado como ciudadano equivale a reconocer a alguien la plena capacidad para asumir los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la comunidad, incluyendo la participación en las decisiones que afectan a todos.
La noción de “ciudadanía” implica: a) La pertenencia a una comunidad política que se asienta de modo permanente en un territorio (un país); b) El disfrute efectivo de unos derechos que deben ser protegidos por el Estado, entre los que se incluye la posibilidad de participar en las tareas de gobierno de la propia comunidad política, de forma directa o indirecta.
El concepto de “ciudadanía” se ha ido construyendo a lo largo de la historia; los principales momentos de dicha construcción son los siguientes:
a) En Grecia, especialmente en Atenas, entre los siglos V y IV a.C., se utilizó el término “polités” para referirse al ciudadano, designando aquel miembro de la comunidad política que era varón, hombre libre (no esclavo), mayor de edad y nacido de padres griegos. El resto de la población, es decir, las mujeres, los esclavos, los extranjeros (metecos), etc., no eran considerados ciudadanos y, por tanto, tenían reconocidos menos derechos que aquéllos. El ciudadano ateniense podía participar activamente en el gobierno de la polis (la ciudad-Estado) a través de la democracia, el gobierno del pueblo (demos). El ciudadano ateniense poseía un conjunto de derechos y deberes, con independencia de su nivel económico, destacando especialmente el deber de defender la ciudad con las armas, en caso necesario. También tenía la responsabilidad de acudir a la Asamblea y tomar parte en los debates públicos acerca de los problemas de la ciudad. Las reuniones se celebraran en el ágora, y los cargos públicos se asignaban mediante sorteo, para ser ejercidos generalmente por un año. La edad mínima para ser admitido como ciudadano estaba fijada en treinta años. Las decisiones se tomaban mediante deliberación y votaciones. La participación en la Asamblea estaba regida por tres principios: 1) isonomía o igualdad ante a ley: todos los ciudadanos tenían los mismos derechos y deberes básicos que cualquier otro; 2) isegoría o igualdad de palabra: todo ciudadano tenía el mismo derecho que cualquier otro a hacer uso de la palabra y expresar su opinión ante la Asamblea. 3) koinonía o comunidad de cooperación para alcanzar el bien público, el bien de todos (koinon), en lugar de centrarse en el bien particular (idion). Se entendía que el ciudadano que sólo atendía a lo propio era un idiota en el sentido originario de este término: el que sólo mira por su propio interés olvidando el bien común.
b) En Roma es donde surge la palabra “ciudadano” (civis) propiamente dicha. Comparte la misma raíz que civitas (“ciudad”) y designaba a aquellos sujetos que tenían las cualidades que anteriormente hemos señalado para el ciudadano griego: varón, no esclavo, etc. Un ciudadano era reconocido como miembro de pleno derecho de la República y más tarde del Imperio. Gozaba de protección jurídica, otorgada por las leyes y las instituciones. El ciudadano es el que actúa bajo la ley y espera la protección de la ley a lo largo y ancho de todo el Imperio. Pero el civis latino era distinto del polités griego: el ciudadano griego era sobre todo un sujeto activo, al que se le exigen responsabilidades de gobierno, mientras que en Roma se entendía más bien como un título jurídico, que permite reclamar ciertos derechos. En la historia de Roma hemos de distinguir la fase de la República, en la que los ciudadanos podían elegir libremente a sus representantes en el Senado, y la fase posterior del Imperio, en la que tales derechos de participación política tuvieron cada vez menos importancia, debido a la concentración de todo el poder en el Emperador.
La ciudadanía antigua tenía dos importantes limitaciones: 1ª) se trataba de una ciudadanía excluyente, porque de ella quedaban excluidas las mujeres, los niños, los extranjeros residentes y los esclavos, de manera que la inmensa mayoría de la población carecía del estatuto de ciudadanía. 2ª) No se consideraban “libres e iguales” más que los miembros de la propia comunidad política que tuviesen la condición de ciudadanos, y no a todo ser humano por el hecho de serlo.
Pero, por otra parte, en la ciudadanía antigua residen dos rasgos que se incluyen en la noción moderna de ciudadanía: 1) la participación política a través de la deliberación (de origen griego), que influye en la idea de ciudadanía propia de la tradición republicana, la cual considera que los ciudadanos han de participar activamente en la vida pública; y 2) la defensa de la protección legal de los derechos de la persona (de origen romano), que influye sobre la idea de ciudadanía propia de la tradición liberal, según la cual lo que importan son los derechos subjetivos del ciudadano.
c) En la Edad Media Tomás de Aquino, y posteriormente los miembros de la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto) elaboraron el concepto de ley natural, fuente de los derechos del hombre: consideraban que, por ser racional, todo ser humano posee naturalmente ciertos derechos que cualquier gobierno debe respetar: derecho a la vida, a la educación, etc.
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N. Maquiavelo |
d) El concepto actual de “ciudadano” surgió a lo largo de los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con el nacimiento del capitalismo, la aparición de los Estados nacionales modernos y las Revoluciones Inglesa (1688), Americana (1776) y Francesa (1789). Es un concepto asociado: a) Al término “Estado”, introducido por Nicolás Maquiavelo (1496-1527) en su libro El Principe (1513), para designar una forma de organización política caracterizada por un poder permanente en un territorio concreto, que se encarga de mantener la estabilidad y el orden; b) al concepto de “soberanía”, introducido por Juan Bodino (1530-1596), que dota al Estado un poder autónomo respecto del orden religioso; y c) al término “nacionalidad”, por el cual se reconoce como ciudadano al que nace en el territorio de un país (“derecho de suelo”: ius solis), o al que nace de padres que poseen una determinada nacionalidad (“derecho de sangre”: ius sanguinis). Sin embargo, hay que decir que en los Estados de derecho actuales, la voluntad del sujeto es indispensable para conservar o cambiar la nacionalidad, y también cuenta la voluntad de los demás ciudadanos de ese Estado para permitir o denegar esos cambios. La nacionalidad otorgada al nacer puede ser cambiada si la persona renuncia explícitamente a ella y adopta una nacionalidad distinta.
e) Lo característico de la noción moderna de ciudadanía es el establecimiento de una serie de derechos individuales, que tratan de frenar los posibles abusos del Estado y mantener un ámbito de libertad para cada ciudadano.
En una primera etapa (ss. XVI, XVII y XVIII), se reconocieron a los ciudadanos los derechos civiles: derecho a no ser detenido sin garantías legales, derecho a la libertad de conciencia (religiosa) derecho a la libertad de expresión. A esta etapa pertenece la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa (1789).
En una segunda etapa (ss. XIX y XX) se añadieron los derechos de participación política (derecho de asociación, sufragio universal para varones y mujeres, derecho a ocupar cargos públicos), y los derechos sociales, económicos y culturales (derecho a la educación, a la asociación sindical, a la huelga, garantías de seguridad e higiene en el trabajo).
f) El reconocimiento progresivo de los derechos mencionados ha conducido a consolidar en el siglo XX la noción de “ciudadanía social”, sobre todo a partir de la publicación del libro de Thomas H. Marshall (1893-1981) Ciudadanía y clase social (1950). En dicha obra el autor define la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que vinculan al individuo a la plena pertenencia a una sociedad. La protección de tales derechos vendría garantizada por el Estado nacional, entendido como Estado social de derecho, al que se ha denominado también “Estado del bienestar” (un Estado social que ha de preocuparse por proteger y satisfacer las exigencias de la ciudadanía social, y que por tanto ha de ser un Estado de justicia).
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Will Kymlicka |
g) No obstante, algunos filósofos contemporáneos, como Will Kymlicka, mantienen que la noción de ciudadanía debe situarse más allá de derechos y deberes; la ciudadanía debe ser un ideal normativo: el principio que rige un Estado democrático, orientándolo hacia una situación en la que los ciudadanos tengan una participación plena, efectiva e igual en los procesos políticos. Se trata, por tanto, según Kymlicka de un concepto íntimamente vinculado al de civismo: la ciudadanía requiere una actitud civilizada y solidaria en la convivencia entre los ciudadanos, sin la cual se convierte en una palabra vacía de sentido. En este sentido, la ciudadanía debe de dejar de tener solamente una dimensión política para tener, además, una dimensión económica (civismo empresarial y del consumo), profesional (ética profesional), intercultural y cosmopolita (globalización ética).
2) Origen y legitimidad del poder político.
Hay que distinguir entre el origen y la legitimidad del poder político. Son conceptos distintos. El origen del poder político es una cuestión histórica: se trata de contestar a la cuestión: “¿Cómo surgió el poder político?” El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) considera que el origen del poder se encuentra en la violencia: es el afán de dominio de unos hombres sobre otros lo que está a la raíz misma de dicho poder. Pero el problema de la legitimidad es otro: aunque el origen del poder político sea la violencia, como dice Nietzsche, ¿es necesario que exista este tipo de poder o no? ¿Podría haber sociedades sin Estado? ¿Serían mejores o peores que las que sí lo tienen? Este problema ha de estudiarlo la filosofía. Y dentro de ella se han dado, básicamente, dos respuestas a esta cuestión:
A) El Estado es innecesario: es la tesis del anarquismo. Para los anarquistas, como P. J. Proudhon (1809-1865) o M. Bakunin (1814-1876), el Estado no sólo es innecesario, sino que además es indeseable, porque el Estado es el monopolizador del poder, y la historia demuestra que todo poder es ilegítimo y corrupto: el Estado ha sido siempre un instrumento de opresión, que sólo ha favorecido a los poderosos y que ha generado ambición, odio, abusos, esclavitud, guerras y prácticamente todos los males que han sufrido las sociedades humanas. Para los anarquistas la sociedad civil no necesita de un poder central y opresor: el ser humano es bueno por naturaleza, y seguiría siéndolo si viviese en una comunidad libre e igualitaria: la natural bondad humana garantizaría la solidaridad, sin que fuese necesaria su imposición.
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M. Foucault |
B) El Estado es necesario: Como ha señalado el filósofo francés Michel Foucault (1926-1984), es erróneo identificar el concepto de poder con la noción de violencia: el poder no puede caracterizarse únicamente de forma negativa o represora, sino que también posee una dimensión positiva, pues sin él sería imposible la vida social: el poder limita y controla muchas veces los brotes de violencia que puedan darse, y es la única instancia que promueve el bien común: es imprescindible, por tanto, una institución (el Estado) que se ocupe del bien general.
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Max Weber |
Así pues, el poder político es necesario para que funcione cualquier sociedad; lo que sucede es que no todo poder político es legítimo o está justificado. El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) considera que, como lo específico del Estado es poseer el monopolio de la fuerza y de la violencia, es necesario averiguar qué tipo de poder es legítimo y cuál no, para evitar un ejercicio abusivo de esa fuerza y violencia. Según esto, Weber distingue tres formas de legitimación del ejercicio del poder a lo largo de la historia: el carismático, el tradicional y el racional-legal.
Tipos de dominio | Clases de legitimación | Formas de organización administrativa |
Tradicional | La garantía del poder reside en las costumbres y en la tradición. Ciertas familias, dinastías o clases han ocupado el poder desde siempre y, por tanto, parece natural que lo sigan haciendo. Esta forma de autoridad no se apoya en cuestiones racionales, como, por ejemplo, la capacidad del gobernante, sino que se basa en la creencia en su carácter hereditario o divino. | Jefes tribales, Faraones egipcios, Imperios dinásticos, Monarquías. |
Carismático | Se basa el “carisma”, es decir, en las características y cualidades personales de un líder o jefe, que le hacen especialmente dotado para atraer y movilizar a la población. Se trata de una legitimación similar a la tradicional, pero se diferencia porque el carisma se considera personal y no hereditario. El prestigio de los líderes no tiene una explicación racional, pues sobre todo intervienen las emociones y los sentimientos que logran suscitar. Suele ser poco duradero, ya que es típico de movimientos revolucionarios o transformaciones sociales bruscas, realizadas por los partidarios del líder. | Caudillos como Hitler, Mussolini, el ayatolá Homeini; líderes revolucionarios como Simón Bolívar, Che Guevara. |
Racional-legal | El poder se justifica mediante procedimientos legales, que especifican cómo puede ser instituido. Es la ley la que confiere autoridad, porque emana de la voluntad popular, es decir, ha sido establecida democráticamente. El Estado posee un poder legitimado, porque es fruto de un convenio o acuerdo, racionalmente aceptado por los ciudadanos, que se comprometen a respetar las leyes. Es la única forma de autoridad plenamente racional y la que, por tanto, permite la argumentación a favor o en contra. | Burocracia como un sistema en el que la autoridad formal se encuentra en la cúspide de la organización jerárquica: Democracia ateniense, democracias actuales. |
En las sociedades democráticas actuales, la legitimación del poder político sólo puede configurarse como racional-legal, de modo que se establezcan procedimientos que aseguren el acuerdo de todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, la legitimación racional-legal casi nunca se da de forma pura, sino en combinación con algún elemento de las otras dos. Por ejemplo, es conocido el uso que hace la mayoría de los políticos de su carisma para recabar más votos. A menudo al líder democrático no sólo se le pide capacidad organizativa y de mando, sino que también se le exige carisma.
Dentro de las teorías que defienden la legitimación racional-legal del Estado destacan las teorías del contrato social, surgidas durante los siglos XVII y XVIII, que consideran que el Estado es convencional, es decir, es fruto de un pacto o contrato, ratificado por todos los individuos racionales y libres que componen la comunidad. La teoría del contrato social no pretende describir un hecho histórico (la fundación del Estado mediante un pacto); en realidad se trata de una metáfora explicativa para resaltar el carácter convencional del Estado. Dicho de otro modo, pretende sugerir que hay que concebir el Estado como si este pacto efectivamente se hubiese producido, aunque de hecho no haya sido así.
Las principales teorías contractualistas son las de Thomas Hobbes, John Locke y J. J. Rousseau. Aunque son diferentes, tienen en común que todas ellas imaginan cómo debía ser la vida de los individuos en el estado de naturaleza, es decir, antes de la constitución del Estado; de las características de este estado de naturaleza dependen el tipo de acuerdo social y el tipo de organización política resultante:
| Modelo individualista: Thomas Hobbes 1588-1679), quien lo expone en su libro Leviatán (1651) | Modelo liberal: John Locke (1632-1704), quien lo expone en su libro Segundo ensayo sobre el gobierno civil (1690) | Modelo universalista: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), quien lo expone en su libro El contrato social (1672) |
Estado de naturaleza (situación inicial) | Antes de la fundación del Estado, impera la ley natural del más fuerte. En este estado de naturaleza, no se reconoce ni respeta ningún derecho: todos se consideran con derecho a todo. Es una situación de caos total, de “guerra de todos contra todos”, en la que “el hombre es un lobo para el hombre” y todos temen por sus vidas. | Incluso antes de haber Estado, los seres humanos tienen de forma natural derechos: derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad… Sin embargo, no existen mecanismos para hacer que se respeten, ni para sancionar a quienes los violan. | Antes de la constitución del Estado, los seres humanos son libres, iguales y buenos. Son, precisamente, las sociedades las que los corrompen. Sin embargo, en el estado de naturaleza existen dificultades para satisfacer todas las necesidades. Además, el estado de naturaleza es irrecuperable: se necesita un Estado que permita retornar, en lo posible, al estado de felicidad que reinaba en el estado de naturaleza, y que la corrupción de la sociedad actual ha destruido. |
Pacto o contrato social que da origen al Estado | Para garantizar cierto orden y estabilidad, los individuos ceden incondicional e irrevocablemente todos sus derechos a favor de una sola persona: el soberano. El pacto no puede ser revocado, si no se quiere recaer en el peligroso estado de naturaleza. | Para garantizar este respeto, los individuos ceden sus derechos a un grupo de personas (los gobernantes). Sin embargo, esta cesión es provisional, ya que puede ser revocada, si los gobernantes no los respetan. | Para facilitar la satisfacción de las necesidades, y garantizar un retorno (al menos parcial) al feliz estado de naturaleza primigenio, los individuos se asocian poniendo su voluntad al servicio de la voluntad de todos (voluntad general). |
Resultado | Estado autoritario, como garante de la paz, del orden y de la seguridad | Democracia representativa: Estado como protector que evita que cada individuo tome la justicia por su mano. | Democracia directa: el Estado es expresión de la voluntad general, como búsqueda del bien común. |
3) Fundamentos filosóficos del Estado democrático y de derecho.
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B. Constant |
El concepto del “Estado democrático y de derecho” es también un logro histórico, ligado al concepto de “libertad política”. Para entender su surgimiento es necesario, por tanto, explicar primero qué evolución ha experimentado históricamente el concepto de “libertad política”.El filósofo francés Benjamín Constant en su conferencia De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos (1819), señala que los antiguos entendían por “libertad política” algo notablemente diferente a los modernos. Para los antiguos (griegos y romanos) la libertad consistía en participar en los asuntos públicos, algo reservado a los hombres “libres”: por eso la democracia griega era una democracia directa, en la que las decisiones las tomaban todos los ciudadanos en la asamblea; en cambio para los modernos la libertad es un derecho natural de todo ser humano, que el Estado debe respetar y proteger frente a posibles abusos, y que se traduce en una serie de “libertades” individuales concretas: de expresión, religiosa, de reunión, de elegir representantes en la vida pública, etc.; por eso, las democracias modernas son democracias representativas: los ciudadanos no gobiernan directamente, como en la democracia ateniense, sino a través de sus representantes.
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C. Macpherson |
Como ha señalado el filósofo canadiense Crawford Macpherson (1911-1987), el concepto moderno de libertad, a pesar de sus ventajas, es problemático; primero, porque aleja a los ciudadanos de la vida pública, ya que ceden sus decisiones a los representantes elegidos por ellos; y segundo, porque corre el riesgo de caer en el individualismo posesivo, es decir en una concepción del ser humano según la cual cada uno es el único propietario de su propia persona, de sus capacidades físicas e intelectuales, así como de los productos que se deriven de tales capacidades, sin que tengamos obligación alguna con la sociedad. Ésta se concibe como una asociación de individuos propietarios, cuya principal relación es mercantil, en la que se produce sobre todo un intercambio de bienes y servicios, y en la que cada cual trata de buscar su propio beneficio particular, y únicamente se preocupa por el bien general en la medida en que sea necesario para asegurar ese bien particular. De manera que se entiende que la función principal del Estado es la de proteger la libertad del individuo, la propiedad privada de los bienes y las transacciones económicas (así lo sostiene Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, 1776). Esta ideología, basada únicamente en el liberalismo económico, da lugar a una falta de solidaridad entre las clases sociales y a una falta de promoción del bien público. De manera que el individualismo posesivo, como han reivindicado muchos movimientos socialistas, ha de complementarse con un individualismo altruista o cooperativo, que tenga en cuenta los intereses del conjunto de la sociedad: el liberalismo económico ha de complementarse con la acción reguladora y distributiva de bienes realizada por el Estado. El filósofo alemán Hegel, en sus Principios de la Filosofía del Derecho (1821) considera que la sociedad civil carece de capacidad para organizarse a sí misma y promocionar el progreso social; por eso ha de ser estructurada por una autoridad pública superior que asegure su funcionamiento: el Estado, que es el verdadero representante del interés común y del bien público.
La evolución del concepto de “libertad política” ha corrido paralela con la evolución histórica experimentada por el propio Estado. La primera forma que adoptó el Estado moderno fue el Estado absoluto del Antiguo Régimen (cuyo mejor ejemplo es la monarquía absolutista de Luis XIV, el “Rey Sol”, en Francia): una forma de gobierno en la que el monarca representaba la voluntad soberana y su palabra era la ley. Sin embargo, las Revoluciones liberales inglesa, americana y francesa abrieron paso a la caída de las monarquías absolutas, y el surgimiento de una nueva mentalidad republicana, según la cual todos los miembros de la sociedad, incluidos los gobernantes y el monarca, han de someterse al imperio de la ley emanada de la soberanía popular. Dicha ley ha de garantizar un espacio de libertad en el que los ciudadanos pueden actuar sin temor a interferencias arbitrarias o injustas. Surgió así el concepto moderno del Estado liberal, heredero de la tradición democrática griega y republicana romana.
I. Kant, en su escrito La paz perpetua (1795), formula los tres principios que han de constituir la base de un Estado moderno liberal y republicano:
* El principio de la libertad de cada miembro de la sociedad (en cuanto hombre).
* El principio de la dependencia de todos respecto a una única legislación común (en cuanto súbditos).
* El principio de la igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos).
Para preservar estos tres principios, según Kant, el soberano, al promulgar las leyes, debe tener en cuenta la siguiente fórmula: “lo que no puede decidir el pueblo sobre sí mismo y sus componentes, tampoco puede decidirlo el soberano sobre el pueblo”.
Las funciones básicas de este Estado liberal serían, proteger la vida de los ciudadanos, manteniendo la seguridad; fomentar la paz civil y asegurar el derecho de propiedad privada, facilitando el comercio.
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Montesquieu |
Un Estado liberal ha de ser, además: 1) constitucional, es decir, en él ha de existir una Constitución, un sistema de reglas fundamentales, que limiten los poderes estatales, con el fin de evitar, en lo posible, los abusos de los gobernantes; 2) ha de ser, además, un Estado caracterizado –como señaló Montesquieu (1689-1755) en su libro El espíritu de las leyes (1748)- por la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial (a fin de evitar concentraciones y abusos del poder), 3) por último, en este tipo de Estado ha de quedar garantizada la participación ciudadana en el funcionamiento de cada uno de estos poderes, a través de las elecciones, los jurados populares, etc.
Así surgió el Estado liberal y democrático de derecho, caracterizado por la división de poderes, el sufragio universal, el sistema representativo y la regla de las mayorías como los mecanismos más convenientes para participar en el poder público y controlarlo.
Pero el Estado democrático de derecho puede ser interpretado de dos formas. Los actuales teóricos del neoliberalismo económico, retomando las tesis de Adam Smith, mantienen que el Estado debe jugar un papel muy reducido en la vida pública, dejando vía libre a la iniciativa económica individual (capitalismo desreglado); el socialismo reformista o socialdemocracia mantiene, en cambio, que el mercado debe preocuparse por la igualdad social y dar respuesta a las exigencias de justicia social, para hacer real la igualdad de oportunidades. Ello lleva a la expansión progresiva de los servicios sociales: educación, asistencia médica, protección de la vejez, del desempleo, de los grupos más débiles, la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal; la seguridad social y pensiones de jubilación; además, considera que debe dar respuesta a los problemas propios del sistema económico capitalista: la economía requiere una coordinación estatal para asegurar la eficacia y evitar las crisis periódicas que afectan al sistema. El aumento de la producción y la expansión de la demanda interna exigen, entre otras medidas, una política de pleno empleo, la función directiva del consumo mediante la política fiscal, la creación de empresas públicas y el aumento del gasto público. Esto hace del Estado liberal y democrático de derecho un Estado social de derecho, que ha de preocuparse no sólo por proteger las libertades individuales, sino también de fomentar la igualdad social, a través del denominado Estado de bienestar (concepto introducido en el Informe Beveridge en 1942, que considera que el Estado liberal debe construir un sistema de seguridad social que asegure a todos los ciudadanos los servicios sociales básicos y la percepción de una renta mínima). Por este motivo, desde la S.G.M. los Estados democráticos de derecho se caracterizan por una economía mixta (privada y pública), una política liberal y un sector de bienestar social.
4) Límites del Estado.
Hay que distinguir entre el Estado y la sociedad civil. La sociedad civil es el conjunto de instituciones y mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo del Estado. El Estado corresponde a la esfera de lo político, y la sociedad civil a la esfera despolitizada de las personas y sus actividades. La sociedad civil, aunque necesita del Estado, no puede ser absorbida por él, sino que marca sus límites.
En efecto, los Estados actuales tienden a acaparar todas las esferas de la vida social. El aumento de las competencias del Estado trae consigo un crecimiento de la burocracia, un aumento desmesurado del poder administrativo, sujeto solamente a las decisiones de los expertos y ajeno a cualquier tipo de responsabilidad política. Ello conduce a una separación preocupante entre gobernantes y gobernados, entre el Estado y la sociedad civil: los ciudadanos adoptan cada vez más una actitud de dependencia pasiva del Estado que les asemeja a súbditos o vasallos, en vez de ejercer como ciudadanos libres y responsables.
Por otra parte, el actual fenómeno de la globalización, es decir, la internacionalización de la actividad política, social y, sobre todo, económica, hacen que ni la información, ni la protección del medio ambiente, ni la política económica sean ya asunto de cada Estado en exclusiva. De ahí que existan tanto una opinión pública mundial, que escapa a las fronteras de los Estados, como también organizaciones supra-estatales, que intentan responder a estos nuevos retos, como la Unión Europea y las Naciones Unidas. Todas estas cuestiones conducen a replantear el papel del Estado y a recuperar el concepto de una sociedad civil como esfera de organización de la vida social.
Hoy en día asistimos a una recuperación de la sociedad civil, con toda su trama de asociaciones culturales, de vecinos, ecologistas, pacifistas, etc., grupos que no están sometidos a la coerción del Estado (Organizaciones No Gubernamentales). Según Jürgen Habermas, André Gorz y Michael Walzer, en este espacio de cooperación, estas organizaciones se mueven sin coerción estatal ni intereses económicos, rigiéndose por lazos de solidaridad. Tienen la misión de controlar el poder político, creando un espacio público libre de coerción estatal, y fomentando el surgimiento de una opinión pública independiente, capaz de expresar lo que la sociedad realmente quiere, y formular una alternativa ética, basada en la solidaridad y la responsabilidad.
Frente a la regla de la mayoría, que puede imponerse despóticamente en los Estados democráticos modernos, legitimando leyes injustas, existen dos límites: 1º) los derechos individuales no pueden someterse a votación; y 2º) tampoco pueden someterse a votación los derechos de las minorías a defender su posición y a poder convertirse en mayoría.
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H. D. Thoreau, filósofo norteamericano,
teórico de
la desobediencia civil |
Para hacer efectivos esos límites, puede ejercerse, en primer lugar, la objeción de conciencia, que consiste en el derecho de los individuos a quedar exentos de realizar determinados actos que repugnan a su conciencia, a pesar de que la ley les obliga, en principio, a realizarlos. La objeción de conciencia ha de estar regulada legalmente, para hacer compatibles los derechos de la persona objetora y los de las otras personas afectadas por la objeción de que se trate; el otro modo de limitar el poder del estado es la desobediencia civil, forma de negarse a cumplir las leyes que va más allá de la objeción de conciencia, porque en este caso el desobediente no se acoge a una posible excepción recogida en la ley, sino que comete abiertamente una ilegalidad para llamar la atención sobre una norma que considera claramente injusta, y lo hace públicamente, estando dispuesto a asumir las consecuencias desagradables que le pueda acarrear esa actitud. La desobediencia civil no está reconocida legalmente, pero puede tener una gran fuerza moral y servir para corregir leyes injustas. El más importante teórico de la desobediencia civil fue el filósofo norteamericano Hery-David Thoreau (1817-1862), con su ensayo Sobre la desobediencia civil (1849).
5) Legitimidad de la acción del Estado para defender la paz, los valores democráticos y los derechos humanos.
Los Estados democráticos modernos se enfrentan a tres retos fundamentales hoy en día: promover la defensa de los derechos humanos, bajo el imperio de la ley, promover los valores liberales y democráticos, como la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como las actitudes de diálogo y de respeto activo, y promover la paz interna e internacional.
En el ámbito de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de darlos a conocer entre todos los ciudadanos, para que puedan reclamarlos, difundirlos a través del sistema educativo, y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para hacerlos realidad. Ha de vigilar, asimismo, para que los derechos humanos sean respetados en el orden jurídico, de manera que ninguna ley los vulnere.
El Estado debe también promover los valores liberales y democráticos, para que imperen actitudes de diálogo y de respeto entre los distintos miembros de la sociedad, a fin de hacer posible la convivencia de éstos; es su obligación, además, asegurar la transmisión de estos valores a los jóvenes mediante el sistema educativo, procurando que se realicen en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y en todas las instituciones, desde la familia y al escuela hasta las más altas magistraturas del Estado.
Finalmente, el Estado debe de establecer mecanismos para resolver los conflictos que puedan surgir, debido a la disparidad e incompatibilidad de intereses que existen entre los distintos miembros de la sociedad; para lograrlo ha de preservar la paz interna mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad, y la paz internacional, estando preparado para defenderse de posibles agresiones de potencias extranjeras, en prevención de conflictos internacionales.
En cualquier caso, es deber del Estado optar, en sus relaciones exteriores, por una solución pacífica de los conflictos. Para lograrla es necesario constituir, según enuncia I. Kant en su tratado La paz perpetua (1795): 1) una federación de Estados libres (Sociedad de Naciones), en la que cada estado ceda parte de su soberanía a favor de un gobierno federal para asegurar que se cumplen los acuerdos de paz y los dictámenes del derecho internacional; y 2) un derecho cosmopolita que permita un desarrollo económico responsable y sostenible por parte de todos los Estados.
El objetivo último de esa federación internacional de Estados y de tal derecho es crear lo que Kant llamaba una ciudadania cosmopolita, y el filósofo alemán Karl Ch. F. Krause (1781-1832) la Alianza de la Humanidad, es decir, una “república ética universal”, en la que ningún ser humano quede excluido del ideal de la justicia ni de los bienes sociales de la Tierra, alcanzando con ello el grado de “ciudadano del mundo” (anticipado en la antigüedad por los filósofos estoicos, como Séneca (3 a.C.-65 d.C.).
6) Democracia mediática y ciudadanía global.
A) El término “democracia” procede del griego “kratos” (poder o gobierno) del “demos” (pueblo). Se trata de un orden político en el que la autoridad que lo legitima reside en el pueblo. Desde Grecia, el concepto de “democracia” ha ido unido a la idea de “república”, es decir, a la idea de que el poder del gobernante sólo es justificable cuando persigue el bien común (res publica: cosa pública) y obtiene su derecho a gobernar a través de la argumentación racional de sus leyes ante los ciudadanos, quienes, mediante su consentimiento (también racional), aceptan ese gobierno y sus leyes como justas.
El concepto de democracia va también va unido a la idea de un gobierno mixto, que incluye la representación de los distintos grupos sociales, a fin de buscar un equilibrio entre sus respectivos intereses, y finalmente, al concepto de virtud pública: la integridad moral de los ciudadanos es esencial para que colaboren en el fomento del bien público, posponiendo incluso su propio interés; por eso una democracia necesita de la educación cívica: no puede funcionar sin ciudadanos bien formados y moralmente íntegros.
B) A lo largo de la historia moderna del sistema democrático se han dado diferentes modelos de democracia:
a) Modelo proteccionista: James Madison (1751-1836), Jeremy Bentham (1748-1832) y James Mill (1773-1836) definían la democracia como el sistema político que mejor salvaguarda la libertad, especialmente la libertad comercial (libre mercado). Partían de que el único modo de explicar la conducta humana es el egoísmo, la búsqueda del propio interés: si es así, no hay razones para pensar que los gobernantes vayan a comportarse de forma altruista; por tanto el objetivo fundamental de la democracia es proteger a los ciudadanos de los abusos que sobre ellos pueden ejercer los gobernantes. El Estado se concibe como un simple árbitro o mediador, que garantiza la libertad de las transacciones económicas, mediante: 1) el sistema representativo, basado en el sufragio universal, 2) el voto secreto, 3) la celebración de elecciones periódicas, entre candidatos que compitan libremente entre sí, 4) la aceptación de la regla de la mayoría como el instrumento principal para la toma de decisiones políticas y 5) la libertad de expresión, asociación y prensa, junto con un sistema educativo extensible a todo el pueblo, que le haga madurar políticamente.
b) Modelo desarrollista: Planteado por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y John Stuart Mill (1806-1873), considera que la democracia no sólo es un mecanismo de protección, sino una condición imprescindible para el desarrollo social y moral de los individuos: la democracia debe abarcar toda la vida social, y no limitarse a un procedimiento para la elección de líderes. Lo que define al hombre, según Stuart Mill, no es su capacidad para producir y consumir, sino su libertad, es decir, su capacidad para “buscar su propio bien a su propia manera, siempre que no intente privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para obtenerlos”. La libertad siempre ha de darse en el marco de la comunidad, un conjunto de personas que ejercitan y desarrollan sus capacidades humanas, y ese desarrollo sólo es posible mediante una organización democrática de la vida pública, porque la participación en la dirección de la vida pública forma una parte esencial de esas capacidades: la participación democrática fomenta el carácter autolegislador de los individuos, educándoles en la responsabilidad y en la solidaridad. La democracia no es, en suma, un medio para garantizar el libre comercio, sino un fin en sí misma: no sólo busca proteger, sino mejorar la humanidad.
c) Modelo elitista: es el planteado por Max Weber (1864-1946) y Joseph Schumpeter (1883-1950). Caracterizan la democracia como un mero mecanismo para aceptar o rechazar a las personas que deben ejercer las tareas de gobierno. Ni gobierna el pueblo, ni se pretende que lo haga, sólo se le pide que legitime el derecho a gobernar de los expertos. No se habla ya de “gobierno del pueblo”, sino del “gobierno querido por el pueblo”. Como expone Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia (1942), la democracia real no se basa en conceptos abstractos y vagos como “bien común” o “voluntad popular”, sino que, en la práctica, “el método democrático es el mecanismo para alcanzar decisiones políticas, en las cuales unos individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo.” La democracia es sólo el método para seleccionar a las élites políticas más cualificadas para gobernar. En esta concepción, la democracia pasa a ser entendida como un mecanismo de mercado, donde los consumidores son los votantes y los políticos son los vendedores de las mercancías. Ambos buscan su propio beneficio, aprovechando el voto y la existencia de los partidos. De esta forma, la vida democrática se limita al derecho periódico de escoger y autorizar a un gobierno, y la política se reduce a la competencia entre las élites dentro de cada partido y entre los partidos rivales.
d) Modelo participativo: Lo formulan Benjamín Barber, Carol Pateman y Peter Bachrach. Retoma el modelo desarrollista y relaciona la dignidad y autonomía del ser humano con la posibilidad de participar de forma activa en las decisiones que le afectan. Acepta las instituciones básicas de la democracia representativa: elecciones, partidos, representantes, etc., pero exige una profundización de la democracia, es decir, una mayor participación de los ciudadanos en todas las esferas de la vida social. Esto significa, por una parte, descentralizar el poder del Estado, por ejemplo, transfiriendo más competencias a los ayuntamientos, y, por otra, hacer más participativas las instituciones que afectan a la vida social: escuelas, empresas, hospitales, etc., de manera que los ciudadanos reciban un estímulo para participar activamente en las instituciones clave de la sociedad, incluyendo el lugar de trabajo y la comunidad local. Estas teorías defienden que la libertad que nos proporciona el régimen democrático es, ante todo, la libertad como autodeterminación para adoptar las normas o decisiones colectivas obligatorias. De la participación ciudadana se espera una mejor comprensión de la actividad política, de su significación e importancia, y de su relación con nuestro propio desarrollo como personas. Fomenta la democracia interna en los partidos y un compromiso firme con programas políticos; el control de la actividad administrativa por parte de los ciudadanos, así como la participación del Estado en la efectiva realización de los derechos sociales, económicos y culturales, incluyendo la protección ecológica.
e) Modelo deliberativo: No se opone al modelo anterior, sino que lo complementa. Una democracia participativa ha de ser, como señalan John Dewey (1859-1952) y Jürgen Habermas (en su libro Teoría de la acción comunicativa, 1981), una democracia deliberativa: no debe quedar reducida a una aplicación mecánica de la regla de la mayoría, sino que la mayoría debe aparecer tras un intenso debate que promueva la modificación de las opiniones iniciales y lleve a acuerdos razonables, que se aproximen al máximo al bien común. La democracia deliberativa debe conducir a lo que Habermas llama la “formación democrática de la voluntad”: las preferencias de los individuos o de los grupos pueden transformarse a lo largo del proceso de deliberación, en el que las gentes emplean la persuasión con argumentos, más que la manipulación o la coerción. Habermas considera que una democracia deliberativa es algo muy distinto a la imposición autoritaria y también muy diferente de una democracia agregativa. La imposición autoritaria, dictatorial es completamente opuesta a la democracia; pero tampoco es legítimo conformarse con una democracia agregativa, débil, formada por individuos aislados que únicamente suman votos, e imponen el resultado mayoritario, sino que la legitimidad de la democracia descansa en la capacidad o la oportunidad que tengan las personas de participar en deliberaciones efectivas para alcanzar las decisiones colectivas.
C) Ahora bien, frente a estos modelos ideales de democracia, se alza la democracia realmente existente en el mundo contemporáneo. Éste se presenta bajo el signo de la globalización, proceso mundial ambivalente, en el que, junto con insospechadas posibilidades de enriquecimiento del ser humano, existen también una serie de tendencias que pueden hacer fracasar la democracia como proyecto racional de gobierno.
El mundo del sigo XXI es un mundo globalizado, es decir, un mundo que ha sufrido cambios muy importantes, debido al desarrollo económico, los avances de las nuevas tecnologías y la influencia de los medios de comunicación social. Estos progresos han creado un mundo interconectado, rico y dinámico, en el que domina lo que Ernst Jünger denominó la “movilización total”.
C.1) La globalización ha sido, ante todo, un proceso económico. La economía capitalista es una economía de mercado, en la que los medios de producción son propiedad de unos pocos, que compran la fuerza de trabajo de los asalariados para conseguir beneficios. El beneficio depende de la comercialización de las mercancías; por eso, en las economías de mercado es fundamental la competitividad, es decir, conseguir las mercancías más atractivas y baratas para el potencial consumidor y así dominar el mercado. El objetivo final del capitalismo es la obtención de riqueza mediante la acumulación del capital; y el capital se acumula aumentando los beneficios y disminuyendo los costes (de producción, de salarios, etc.)
El sociólogo Emmanuel Wallerstein ha señalado varias fases en la evolución del capitalismo, hasta llegar a la actual mundialización de la economía:
1) De 1650 a 1780: el núcleo difusor es Inglaterra. Es un capitalismo industrial.
2) De 1780 a 1914: Inglaterra sigue siendo el eje del sistema, aunque surge la rivalidad con otros países europeos. Es la etapa de la colonización y del imperialismo europeo.
3) De 1914 a 1989: es la fase de la expansión definitiva del capitalismo por todo el mundo. El centro del sistema se desplaza a Estados Unidos. Rusia sale del sistema junto con oros países de la Europa Oriental, que siguen su modelo económico socialista. El mundo se divide en dos boques.
4) De 1989 a la actualidad: el hundimiento de los sistemas socialistas del Este de Europa ha supuesto el triunfo del sistema capitalista a nivel mundial.
A partir de esta última etapa se empieza a hablar de capitalismo global. En este tipo de capitalismo existen centros o núcleos de poder y periferias (núcleos sometidos): en el mundo hay países centrales y periféricos; pero dentro de los países hay también centros y periferias. En los países desarrollados, o centro, existen grandes bolsas de pobreza (el denominado “Cuarto Mundo”, y en los países periféricos hay centros, los grupos de poder que dirigen la vida económica, política y social.
Las características fundamentales del capitalismo global son:
1) Liberalización del comercio internacional.
2) Internacionalización del capital financiero.
3) Promoción de la competitividad, la privatización y la desregulación.
4) Creación de instituciones financieras internacionales.
5) Minimización del control de la economía por los Estados.
6) Las multinacionales como agentes de la mundialización económica.
Esta última característica sintetiza la naturaleza del nuevo capitalismo. Las multinacionales son grandes empresas que desarrollan su actividad en muchos países con el objeto de controlar los mercados. Actualmente constituyen los grandes centros de poder económico. Aunque gran parte de su actividad la realizan en el mundo industrializado, su presencia es considerable en los países no desarrollados, donde encuentran salarios más bajos, un mercado de trabajo poco regulado y menos exigencias medioambientales; a cambio, trasladan allí sus procesos de fabricación.
C.2) La globalización es también un proceso social: la sociedad global es una sociedad en la que el progreso de los medios de comunicación ha suprimido las barreras físicas y ha superado las fronteras políticas. Las nuevas tecnologías han democratizado la información y, consecuentemente, han posibilitado una universalización de las formas de vida. Una persona puede acceder con cierta facilidad a cualquier lugar del mundo.
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El arquitecto y filósofo francés
Paul Virilio, creador de la "dromología" o
teoría de la velocidad |
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Z. Bauman, teórico de la actual
"sociedad líquida" |
La sociedad global es una sociedad cada vez más uniformizada: En la era global, las formas de vida, las costumbres sociales, los mensajes publicitarios, etc., se van uniformizando, son prácticamente los mismos. En todas las ciudades se vive de una forma parecida; el mundo se ha hecho más pequeño. También es una sociedad simultánea, en la que todo ocurre en tiempo real, de forma rápida, y en la que impera la dictadura de la velocidad (P. Virilio): todo es efímero; dura poco. Es una sociedad caracterizada por lo que Z. Bauman ha llamado la “vida líquida”: en ella domina un consumismo continuo y todo es precario: el trabajo, las relaciones personales, los valores: en todos los ámbitos prima la novedad y triunfar significa “estar al día”.
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F. Fukuyama |
Uno de los aspectos más preocupantes de la uniformización propiciada por la globalización es la uniformización ideológica. Domina en ella lo que se llama el pensamiento único, una ideología que representa los intereses del pensamiento liberal conservador, y que los omnipresentes medios de comunicación se encargan de difundir incansablemente, como si fuese la única posible. Ya h. 1968, Herbert Marcuse denunciaba la pérdida del espíritu crítico del hombre capitalista y consumista, convertido en un “hombre unidimensional”, integrado en el sistema, y Daniel Bell anunciaba la implantación universal de la democracia, la economía de mercado y la aparición de un pensamiento único liberal. Esta postura fue reforzada en la década de 1990 por analistas políticos como Francis Fukuyama (nac. 1952), quien en su libro El fin de la historia y el último hombre (1992) aventuraba el triunfo definitivo de la ideología neoliberal a nivel mundial.
Dicha ideología neoliberal, o pensamiento único es el mantenido por los llamados “neocons”, concepto acuñado en EE.UU: para designar a los “nuevos conservadores”, surgidos tras los gobiernos liberales anglosajones de la década de 1980 (Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EE.UU.) En concreto, las características fundamentales del pensamiento neoliberal, básicamente conservador, son las siguientes:
1) Defensa de las políticas económicas de libre mercado.
2) La reducción del gasto público (limitaciones del Estado de Bienestar).
3) La preocupación por los derechos y las libertades de los individuos.
4) El fomento de la democratización de la vida social.
5) El realismo en las relaciones internacionales, con una política más agresiva para implantar los valores democráticos en el mundo (por la fuerza, si es necesario).
Frente al pensamiento único “neocon” ha surgido la propuesta socialdemócrata, que asume el capitalismo como sistema económico, pero controlado por la intervención de un Estado fuerte, que se encargue de dirigir la economía y la vida social. Se inspira en la llamada “Tercera Vía”, propuesta por el sociólogo británico Anthony Giddens (nac. 1938), que aúna elementos teóricos del capitalismo liberal junto con propuestas socialistas. El concepto clave es el de “modernización”, entendida como la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mundo global. Propugna una actitud positiva hacia la globalización frente al proteccionismo económico y cultural; una actitud crítica ante el libre comercio; una preocupación constante por la justicia social; un nuevo Estado más democrático; una sociedad civil activa y una nueva economía mixta.
C.3) La globalización implica también el multiculturalismo, propiciado por los avances tecnológicos y el desarrollo de los medios de transporte, que favorecen y explican el desplazamiento de las personas. Esto plantea importantes problemas: hay que resolver la cuestión del derecho a la diferencia, unida a la necesidad de hacer una legislación común para todos los ciudadanos que habitan en un mismo territorio; también hay que enfrentarse al problema del resurgimiento del nacionalismo radical que, paradójicamente, suscita la globalización.
La globalización implica la necesidad de replantearse y reformular el concepto de ciudadanía: al haber cambiado los conceptos de espacio y tiempo, los límites habituales que servían para definir al ser humano se vuelven imprecisos, y el individuo debe encontrar su puesto en este nuevo modelo de sociedad, donde la pluralidad cultural es un hecho incuestionable, y los Estados nacionales van cediendo terreno a una comunidad humana transnacional. El ciudadano tiene que ir superando los límites territoriales y culturales del Estado-nación y ha de convertirse, de alguna manera, en ciudadano global, es decir, en un ciudadano cosmopolita o ciudadano del mundo, pues ahora dejan de ser exclusivamente relevantes los problemas nacionales, y pasan a ocupar un primer plano una serie de problemas que poseen un alcance mundial: amenazas ecológicas, la superpoblación, la pobreza, el terrorismo, la conflictividad internacional…
Algunos intelectuales, como Ernst Jünger, han señalado que nos dirigimos hacia la era del Estado mundial; pero esta situación es más una abstracción que una realidad. Es difícil construir un Estado mundial porque:
1) Existen dificultades para crear instituciones políticas soberanas a nivel global.
2) Es difícil alcanzar el consenso necesario para crear un derecho universal.
3) Existen grandes diferencias económicas y culturales entre los distintos grupos humanos.
4) Existen potenciales conflictos internacionales generados por una visión antagónica de la realidad (“choque de civilizaciones”).
Lo que no cabe duda, es que el Estado-nación está en un momento de transición o cambio. La era global trae consigo nuevas formas de relación transnacional y transcontinental, de manera que incluso competencias que antes parecían indiscutiblemente ligadas a las políticas nacionales, como la delincuencia o la defensa, necesitan hoy de la cooperación de los diferentes países; y, análogamente, también el terrorismo y la inseguridad, que antes eran problemas nacionales, se han globalizado. Los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los Estados-nación serían los siguientes:
1) El surgimiento de nacionalismos dentro del Estado-nación.
2) La inclusión de lo Estados en instancias supranacionales.
3) La influencia determinante de las multinacionales en las economías nacionales.
4) La coexistencia en un mismo Estado de sectores sociales antagónicos (centros en las periferias y periferias en los centros), lo que hace muy difícil articular una identidad colectiva.
5) La composición multicultural de las sociedades nacionales.
6) La presencia de organizaciones delictivas internacionales (mafias) y las acciones de terrorismo internacional.
La globalización no significa, desde luego, que los tradicionales Estados nacionales deban desaparecer; pero sí obliga a un replanteamiento de su definición, sentido y funcionalidad, que deberán asumir los dirigentes políticos en las próximas décadas. Parece necesario crear una democracia global cosmopolita: no se trataría tanto de la creación de un único Estado mundial que gobierne el planeta, sino de la aceptación por parte de los Estados nacionales de unas instituciones internacionales que regulen legítimamente los diversos ámbitos de la vida humana a nivel global a partir de principios consecuentes con los derechos humanos.
C.4) La sociedad global ha de ser, sin duda, democrática; pero la democracia en la era de la globalización ha experimentado una importante modificación, que plantea nuevos problemas, antes inexistentes. La democracia actual es lo que recibe el nombre de “democracia mediática”:
Los medios de información masivos (prensa, radio, televisión, Internet, publicidad) han acumulado un enorme poder, puesto que ellos deciden lo que interesa al público y lo que no. Ellos son los agentes de creación de la opinión pública, y pueden silenciar aspectos importantes de la realidad como si no existieran, o pueden deformar la información para potenciar intereses particulares en perjuicio del bien común. Así se presenta a los ciudadanos una imagen distorsionada de la realidad, que se hace más evidente cuando los distintos medios compiten entre sí para ganar audiencia. Estos condicionamientos han conducido a tratar la información como una mercancía más, potenciando una imagen de la política como espectáculo, en lugar de un debate público serio sobre los problemas colectivos. La imagen que proyectan los medios sobre un líder, o sobre un partido, o sobre un asunto de interés público, puede condicionar enormemente la opinión de una mayoría de la población. Se sustituye demasiado a menudo el debate argumentado por los eslóganes y titulares llamativos, empobreciendo la cultura política. Se pone, además, demasiado énfasis en los líderes y su imagen mediática, en lugar de ponerlo en la discusión de las propuestas y programas políticos.
Todo este aparato mediático implica importantes peligros para la democracia: 1º) hace que pueda degenerar en demagogia, pues la manipulación consciente de la opinión pública puede permitir que alcancen el poder aquellos que ni son lo mejores, ni tienen las mejores propuestas, sino los mejores oradores, incluso los charlatanes y embaucadores, que consiguen el apoyo popular mediante la propaganda y mentiras; 2º) fomenta la uniformización de la ciudadanía, mediante un concepto de igualdad mal entendido, que lleva a equiparar injustificadamente a los ciudadanos, en vez de fomentar el desarrollo plural e independiente de cada uno de ellos: esto acaba perjudicando la democracia, pues degenera en una sociedad homogénea y mediocre; 3) puede convertir la democracia en una simple dictadura de la mayoría, al equiparar las opiniones y gustos de casi la totalidad de la población, aplastando la discrepancia; y, finalmente, 4) puede provocar una escasa participación de los ciudadanos en la vida pública, al reducir esa participación al voto en unas elecciones, desviando luego la atención de la población hacia cuestiones marginales, o irrelevantes.
Frente a estas dificultades, conviene que los ciudadanos tengan formación suficiente como para no dejarse manipular, exigiendo de los medios de información y de los poderes públicos un mayor compromiso con una democracia más transparente y deliberativa, en la que se otorgue prioridad a las cuestiones de fondo sobre las cuestiones de imagen, y se tenga mucho más en cuenta la ética periodística que los intereses económicos de las empresas mediáticas.
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MATERIALES ELABORADOS POR: MANUEL PÉREZ CORNEJO
Dr. en Filosofía y Licenciado en Historia del Arte
Profesor de Filosofía del I. E. S. "Matemático Puig Adam" de Getafe (Madrid)